El Gobierno facilitará que los migrantes en situación irregular en España puedan regularizar su situación si se forman para cubrir determinados puestos de trabajo con altas tasas de vacantes. Así lo ha avanzado El País este miércoles y lo ha confirmado posteriormente el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el Congreso de los Diputados. Una medida que la patronal y el sindicato UGT ven con buenos ojos, pero que genera fricciones con el Ministerio de Trabajo que comanda Yolanda Díaz.
El departamento que dirige Escrivá está preparando una instrucción para rebajar los requisitos que se exigen a los migrantes que buscan obtener permisos de residencia mediante lo que se conoce como arraigo para la formación. Esta figura —que el departamento de Migraciones introdujo en la Ley de Extranjería el año pasado— facilita que los migrantes puedan apuntarse Formación Profesional, cursos de habilitación para ocupaciones específicas, cursos del SEPE o formación universitaria con el objetivo de conseguir un contrato en sectores en los que las empresas tienen dificultades para cubrir las vacantes.
La normativa actual exige que quienes quieran acceder a este programa tengan que asistir presencialmente a las clases y cumplir con un número específico de horas (por ejemplo, en los cursos del SEPE se pide un mínimo de 200). Sin embargo, según ha defendido el ministro Escrivá, estos requisitos dejan fuera a muchas mujeres que, al tener hijos a su cargo, no pueden permitirse dedicar tanto tiempo asistir presencialmente. En el departamento de Migraciones defienden que los cursos a distancia capacitan igual que los presenciales y arguyen que la flexibilización era necesaria para que las mujeres pudieran acogerse al programa.
Escrivá ha defendido que, hasta ahora, la formación para el arraigo "funciona bien" y que desde que se introdujo en julio del año pasado ya se han recibido 22.000 peticiones. El programa, sostiene el ministro, "ha sido aceptado extraordinariamente por todos y se está convirtiendo en una referencia internacional".
Sin embargo, los cambios que va a introducir el ministerio no modifican la exigencia de haber residido de forma continuada durante al menos dos años para poder acogerse al programa. Tampoco permitirán ampliar la duración del permiso de residencia, que se extiende durante doce meses en la fase de formación, prorrogables a otros doce en caso de que la formación se extienda más allá de un año. En caso de que se obtenga un contrato de trabajo, el permiso de residencia se extiende por dos años.
El espíritu de la formación para el arraigo es, según se recoge en la propia norma, "facilitar la entrada de trabajadores extranjeros y hacer frente a la necesidad de cobertura de determinados puestos de trabajo". Así, se logra "obtener personal con la formación necesaria para cubrir los puestos de trabajo que ofertan las empresas", a la vez que se incorpora al mercado laboral "a personas que se encuentran trabajando de manera precaria o directamente irregular".
El ministro Escrivá llevará la propuesta para flexibilizar el arraigo por formación a la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración este miércoles. Esta comisión es un foro de carácter consultivo en el que están representados también el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales.
Según datos del INE, las empresas españolas (incluida la administración pública)tenían 140.517 puestos de trabajo vacantes a finales de 2022. Mientras que la encuesta trimestral que realiza el Banco de España a las empresas apunta a que en sectores como la hostelería o la construcción la mitad de las compañías tienen problemas para encontrar mano de obra.
Trabajo pide mejorar condiciones laborales
La propuesta de Escrivá ha generado dudas en el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, que habitualmente defienden que la solución al problema de las vacantes debe ir ligada a una mejora en las condiciones laborales para atraer trabajadores a estos sectores. "Desde el ministerio coincidimos con los sindicatos en que el acento hay que ponerlo en las condiciones del trabajo", ha expresado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
"El acento está en garantizar la formación de calidad y cuando hablamos de formación de calidad no hablamos de flexibilidad alguna", ha expresado Díaz. La vicepresidenta ha señalado que su ministerio comparte la intención de la norma de mejorar la formación, pero no su vertiente de vincularla a la cobertura de vacantes. "España tiene 2,7 millones de personas en paro y nos tenemos que volcar de lleno en la formación", ha añadido. No obstante, sí se ha mostrado partidaria de legalizar la situación de los empleados en situación irregular sin que ello esté vinculado a que se cubran vacantes "Aquí no tenemos ninguna duda, van a contar con nuestra anuencia", ha dicho.
En cambio, desde las organizaciones empresariales ven con buenos ojos la propuesta que ha planteado Escrivá. Fuentes de la patronal se muestran favorables a tender puentes desde el desempleo a la ocupación, ya sea a través del arraigo para la formación u otras vías. En este sentido, señalan que es "una herramienta más" para reducir el desajuste entre oferta y demanda en el mercado de trabajo y, al mismo tiempo, una vía para "sacar a muchas personas extranjeras de la economía sumergida".
En UGT también han dado su visto bueno en líneas generales al planteamiento de Escrivá. En el sindicato sostienen que la propuesta "va en la buena dirección". No obstante, señalan que presentarán alegaciones al departamento de Escrivá "para garantizar que en este proceso no haya una utilización fraudulenta de las formaciones".
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